TecnoBiz | 14 de Mayo 2019

Hasta no hace mucho, la firma de puño y letra era símbolo insustituible de confiabilidad y de compromiso, fuera para cerrar un contrato, extender un cheque o dar fe de la identidad de una persona. Como tantas otras expresiones del universo analógico, esa modalidad está experimentando rápidos cambios, que hasta ahora tienen como protagonistas al Estado y las empresas, pero que no tardarán en manifestarse enla vida cotidiana.

Mediante el empleo de un mecanismo criptográfico asimétrico, la llamada firma digital ofrece las mismas garantías de seguridad que la ológrafa, e incluso más. En efecto, no sólo permite identificar de manera fehaciente al autor del mensaje o del documento; confirma también que éste no ha sido alterado desde el momento de la firma y garantiza el no repudio.

Para que eso sea posible, es necesario contar con dos claves asociadas entre sí: una privada, protegida por una contraseña conocida sólo por el titular de la firma, y otra pública, que está contenida en un certificado digital y le sirve al destinatario del documento para verificar que la firma realizada por su autor es auténtica. Esos reaseguros permiten que el documento en cuestión tenga la misma eficacia jurídica que otro firmado de puño y letra.

Aunque la ley que establece su régimen legal fue sancionada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2001, el proceso de difusión de este instrumento fue lento y paulatino. Cobró impulso a partir de fines de 2014, con la decisión administrativa 927 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), que clarificó y simplificó el diseño de la infraestructura de firma digital en el país, consolidó criterios para el otorgamiento de certificados, reformuló los procesos de licenciamiento e incorporó nuevos servicios asociados, como los sellos de tiempo, que permiten al destinatario confirmar la fecha y hora asignada a un documento.

Ese proceso se aceleró sobre todo a partir de 2016, con la resolución 399/E del ex Ministerio de Modernización que reemplazó la referida decisión administrativa, con la adhesión de otros organismos estatales y la adopción de sistemas que contemplan el uso de firma digital, como el expediente electrónico o la gestión documental electrónica y en particular el módulo del Sistema de Gestión Documental Electrónica conocido como Trámites a Distancia (TAD). Paralelamente, a instancias o por requerimiento del sector público, un número creciente de particulares y empresas está utilizando esta modalidad.

La referida infraestructura está compuesta por la Autoridad Certificante Raízde la República Argentina, el Ente Licenciante conformado por la Secretaría de Gobierno de Modernización de la JGM y la Secretaría de Modernización Administrativa, dependiente de la mencionada Secretaría de Gobierno y que opera en el ámbito de la JGM, responsables de otorgar la licencia a los Certificadores Licenciados y auditar su funcionamiento junto con la Sindicatura General de la Nación.

En la actualidad algunos organismos públicos y algunas empresas privadas actúan como Certificadores Licenciados, luego de haber acreditado que cuentan con recursos humanos idóneos, infraestructura tecnológica y física y sistemas de seguridad para llevar a cabo la operatoria de firma digital.

Los Certificadores Licenciados públicos aprueban certificados de firma digital para las personas físicas y los Certificadores Licenciados privados pueden aprobar certificados de personas físicas y de personas jurídicas.

Los números de Lakaut, que cuenta con licencia para operar desde 2015 y ocupa una posición de liderazgo en el mercado, son elocuentes con respecto a la difusión del uso de la firma digital. En el período enero-marzode este año, por ejemplo, la cantidad de documentos firmados con los certificados otorgados por la empresa registró un incremento de 84,5% sobre el trimestre anterior, que ya exhibía a su vezuna suba de 83,9%.

Su uso está hoy muy extendido en el sector público nacional, provincial y municipal, asociado a los actos administrativos que le son propios y a diversas constancias, trámites y gestiones que ciudadanos y empresas deben realizar ante diversos organismos, como el Poder Judicial, la AFIP, la ANSES, el PAMI o los Registros de la Propiedad del Automotor. Es requerida tambiénpara operar a través dela plataforma de trámites a distancia (TAD), en el proceso de conformación de una Sociedad Anónima Simplificada (SAS) o para la obtención de un Certificado de Origen Digital (COD).

Entretanto, sus aplicaciones en el sector privado son prácticamente ilimitadas. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, las empresas ya están presentando con firma digital la documentación laboral requerida por las autoridades. Su uso está extendido también en múltiples transacciones y en la firma de contratos. Acompaña también la expansión del comercio electrónico y será seguramente un requisito indispensable cuando se generalice la historia clínica electrónica y los profesionales médicos deban prescribir recetas o estudios bajo el mismo entorno.

En un mundo que cambia aceleradamente, la confiabilidad sigue siendo un valor.